Artículos de interés. Becas – préstamo

Ocho años después de Bricall…

INFORME UNIVERSIDAD 2000
En el Informe Universidad 2000 (Informe Bricall. Documento Marco para la reforma de la Universidad, encargado por la Conferencia de Rectores Españoles) aparece por primera vez en el Estado español la fórmula de los préstamos para el estudio, argumentando que “la expansión de los sistemas mixtos de financiación se han apoyado en un mayor peso de las tasas, posible gracias al uso de nuevos instrumentos de financiación (especialmente los préstamos- renta)”. De esta manera, “la aplicación de un programa de préstamos- renta podría permitir una reforma de la política de becas y/o de las tasas compatible con escenarios de convergencia del gasto total hacia la media del gasto universitario por estudiante de la OCDE.”


CONQUISTA DE LOS BANCOS
El Informe Bricall fue financiado con 75 millones de pesetas por la patronal (CEOE), el BSCH, Freixenet y Telefónica, entre otras empresas privadas, sin contar con estudiantes. Con los préstamos educativos para estudiantes, se ha generalizado un importante ‘nicho de mercado’ para las entidades bancarias. El Banco Santander –seguido del BBVA– es el que más ha desarrollado este aspecto, no sólo participando en las becas-préstamo dentro del convenio del MEC con entidades bancarias, sino también ofertando mas de diez tipos de préstamos diferentes para estudiantes.


DECLARACIÓN DE BERLÍN
En el marco del proceso de Bolonia, la Declaración de Berlín (2003) hace mención, por primera vez, a los préstamos para estudiantes: “Con la vista en la promoción de la movilidad estudiantil, los ministros darán los pasos necesarios para facilitar el acceso a préstamos y becas”.


ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
“Para contrastar los efectos de la externalización de las industrias hacia países de bajos costes laborales, éstos compiten atrayendo a los mejores cerebros para obtener ventajas comparativas en la economía del conocimiento”, dice la Comisión Europea. La meta es convertir a la UE en destino preferente de los estudiantes.
FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA // LAS HIPOTECAS YA NO SÓLO SON PARA LAS CASAS

Las becas-préstamo entran en escena

Miguel Urbán, Espacio Alternativo. Madrid
Máster académico de iniciación investigadora, de especialización, de orientación profesional… Gran parte de la financiación de los nuevos estudios de postgrado recae sobre la empresa y el alumnado.

La financiación privada consta de dos vías fundamentales, las inversiones de empresas o instituciones y las tasas de los estudiantes, que en los postgrados y máster están aumentando progresivamente. De cara a favorecer el acceso de los estudiantes a este tipo de titulaciones, sensiblemente más caras, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) ha sustituido las tradicionales ayudas a fondo perdido (becas) por mecanismos de pago futuro para los costes de las titulaciones universitarias (en la práctica un préstamo hipotecario).

Este nuevo concepto supone otro salto cualitativo en la concepción de la educación y de las ayudas públicas. Los estudiantes están pasando de ser becarios a prestatarios, es decir, clientes del propio MEC o de una entidad bancaria que les proporciona una cantidad prestada para el desarrollo de los estudios superiores. En Gran Bretaña, el primer país europeo en el que las tasas altas fueron compensadas con la financiación mediante préstamos-renta, las becas han sido totalmente sustituidas por este tipo de financiación al estudio.

De esta forma, hoy en el Estado español existen dos tipos de préstamos educativos públicos: las llamadas propiamente ‘becas-préstamo’ y los que se titulan eufemísticamente como ‘préstamos-renta’. Por un lado, las becas-préstamo están destinadas a estudiantes de primer y segundo ciclo, y tienen como único fin facilitar a los estudiantes la finalización de sus estudios oficiales universitarios. Se pueden solicitar créditos de un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 9.000 euros, que serán financiados entre el MEC (70%) y una entidad bancaria (30%) que tenga convenio con el MEC. Se aplicará un período de amortización de tres años más otro (el primero) de carencia, cuyos intereses se acumularán en los tres años restantes. La liquidación total se realizará por cuotas mensuales iguales.

Además, el MEC ha especificado que el tipo de interés que se aplique se basará en el Mercado Interbancario Europeo (EURIBOR), más un diferencial de 0,3 puntos porcentuales. Una vez deducida la subvención del MEC, el total de intereses que se deriven de cada operación será asumido por los estudiantes y los bancos en una proporción de 2 a 1.

Este nuevo sistema de financiación del estudio genera una relación mercantil en el panorama educativo, donde entran en juego las entidades bancarias como un actor destacado. Éstas serán las que, a través del marco legislativo actual, tendrán el papel de acreedoras financieras de los estudios universitarios, abriendo las puertas de un nuevo nicho de mercado, los créditos para el estudio, que, como apuntan todos los indicadores interbancarios, no ha parado de crecer en los últimos tres años. En este sentido corremos el peligro de que lo que ahora nos venden como una excepción, pronto se convierta en una norma para poder acceder a unos estudios superiores.

Por otro lado, los préstamos-renta están dirigidos a aquellos titulados que quieren financiar el coste de los estudios de máster oficiales en España o en cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como facilitar una renta mensual a los estudiantes que lo deseen. La que fuera ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, los definió ante el Senado como: “Un pacto entre generaciones. Las generaciones que trabajan y contribuyen con fondos públicos están financiando a los estudiantes de postgrado que, a su vez, devolverán el dinero prestado cuando trabajen” (Gaceta Universitaria, 17-04-2006). Los préstamos-renta consisten en un pago inicial de hasta 6.000 euros, pudiéndose solicitar además una cantidad mensual de hasta 800 euros por mes de duración oficial del máster, hasta un máximo de 21 meses. Los dos primeros años de vigencia del préstamo serán de carencia obligatoria, más el período que transcurra hasta el primer día 15 de marzo posterior a los dos años de la firma del contrato. La dotación presupuestaria que ha destinado el MEC para este tipo de préstamos es de 50 millones de euros, por lo tanto el número plazas se cerrará cuando se agote dicha cantidad.

Lastre hipotecario de 15 años

El plazo de amortización empezará a contarse a partir del ejercicio siguiente a aquel en el que la renta del alumno sobrepase en el ejercicio anterior el umbral de base imponible general y del ahorro/IRPF de 22.000 euros/año. El préstamo se amortizará en ocho años. En cualquier caso, la deuda se extinguirá trascurridos 15 años desde la formalización de la operación. Las amortizaciones del Prestatario Final serán lineales y trimestrales, y no podrá superar el total anual de 1/8 de la deuda total contraída. Los préstamos- renta suponen un lastre hipotecario de, al menos, 15 años para la mayoría de los estudiantes que opten por esta opción para poder cursar estudios de postgrado y máster.

Una hipoteca para alcanzar una mayor cualificación laboral que se tendrá que devolver a cómodos plazos una vez que el estudiante alcance una remuneración bruta de, por lo menos, 1.571 euros al mes. En ningún sitio se menciona el aumento del nivel salarial en estos supuestos 15 años de amortización. Según un estudio previo a la aprobación de los préstamos-renta, aún con la implementación de este tipo de créditos de financiación de los estudios, el postgrado será la oportunidad para que las universidades, manteniendo un número total de estudiantes probablemente menor que el existente en los estudios de Grado, conciban un horizonte en el que, como dice el profesor Vicente Ortega, “al menos el 30% del total de estudiantes sean estudiantes de postgrado, de los que un 10% estarían en programas de doctorado” (Encuentro ‘Los ingenieros y arquitectos ante Europa’, UPM, 2004).

Elitización del postgrado

Esto supondrá que, al menos, entre un 60% y un 70% de los titulados de Grado no podrá acceder a los estudios de postgrado, ni siquiera hipotecando su futuro inmediato. En la práctica, el Grado –titulación común para todos los estudiantes universitarios– adecuado a las necesidades del mercado laboral será el último peldaño para la mayoría de estudiantes, produciéndose de facto la elitización del postgrado.

Este sistema de financiación agudiza la competición entre las universidades por los recursos escasos, haciendo que “las distinguidas por su calidad se lleven la mejor parte y las que no reciban sólo fondos para asegurar su subsistencia. Así habrá competencia y ésta, como creen algunos, genera eficiencia y, como sabemos otros, genera desigualdad”, como explica Albert Corominas en “Acerca de la Universidad española, ahora” (Mientras Tanto, nº 68-9, Barcelona, 1997).

La esencia de este nuevo giro fue resumida por el anterior Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid cuando declaró hace tres años que “las universidades no pueden aspirar a vivir exclusivamente del presupuesto público que tiene un límite; cuantos más fondos privados obtengan, más fondos les va a dar la Comunidad; una buena financiación permitirá a las universidades madrileñas competir y ser un referente en el mundo”.

PROCESO DE BOLONIA // HACIA UN NUEVO MODELO UNIVERSITARIO

La segunda ola de contrarreformas del Proceso de Bolonia

Carlos Sevilla, Espacio Alternativo. Madrid
En 2008 se abre una fase de reformas para ‘modernizar’ la gestión y financiación de las universidades europeas. Los cambios tocan aspectos básicos de la universidad y de los centros de investigación, como la ‘gobernanza corporativa’ y la captación internacional de estudiantes.

La reconversión industrial de las universidades y de la fuerza de trabajo cualificada pasa por una modificación sustancial de sus mecanismos de financiación y gobierno, que supondrán la transición de la universidad de masas a la universidad-empresa. “Universidades que sean más empresas y empresas que sean más universidades”, declaró Zapatero ante el Foro de la Nueva Economía en enero de 2007.

La Comisión Europea señalaba ya en 2005: “La UE ha financiado la conversión de sectores como la industria del acero o la agricultura. Ahora encara el imperativo de modernizar la “industria del conocimiento y en particular sus universidades” (COM 2005 152 final). El modelo de universidad-empresa implica un cambio radical: estudiantes ‘clientes’ que deben pagar por un ‘servicio’, con el consiguiente aumento de tasas para acercarse a los ‘costes reales’.

En este sentido, Anthony Giddens, teórico de la ‘tercera vía’ del laborismo británico, recomendaba en su artículo “Mejorar las universidades europeas” (El País, 10/4/2006) que para dotar con fondos adicionales a las universidades “la industria puede contribuir (…) pero sólo hay una fuente real de grandes ingresos adicionales: los estudiantes”.

El modelo de financiación actual depende de cuatro fuentes de ingresos: la principal es la financiación pública de la investigación y la enseñanza, en general; en segundo lugar, los donativos de particulares (mayores en EE UU que en Europa); tercero, ingresos derivados de la venta de servicios a empresas y de explotación de los resultados de la investigación; por último, las contribuciones de los estudiantes.

Recortes de gasto público

Las constricciones al crecimiento del gasto público, derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, establecen límites concretos a los aumentos de la financiación pública de las universidades. Según los últimos datos del Eurydice, el nivel actual de gasto público en la Educación Superior en la UE de los 27 es de 1,14% PIB, con grandes oscilaciones entre el 1% del Estado español, el 2,5 % de Dinamarca o el 0,78 % de Italia. El objetivo de la Comisión Europea es llegar al 2% del PIB, pero ese aumento deberá hacerse a través de la inversión privada: “Dada la actual situación, de estudios muy largos, altas tasas de abandono y de desempleo de los graduados, invertir más en el sistema actual puede ser percibido como improductivo o incluso contraproducente (…). Para atraer más fondos, las universidades tienen primero que convencer a los socios –gobiernos, compañías, familias– con que los recursos existentes son usados y que nuevos fondos producirían ‘valor añadido’ para ellos. Una alta financiación no puede ser justificada sin cambios profundos”.

Se trata de un modelo de financiación pública “selectiva y competitiva, en función de los outputs”, a través de un sistema basado en la competición por los recursos. Esta forma prevé, como ya se está desarrollando en buena parte del territorio europeo, la realización de acuerdos plurianuales de financiación entre el Estado, las regiones y cada universidad ligados a la consecución de determinados objetivos. Vendrán potenciadas la “venta de servicios (investigación, aprendizaje permanente y flexible) y la explotación de los resultados de la investigación”.

Para lograr estos objetivos, se incentivará una relación estructurada, cooperativa con la industria, a través del “desarrollo comercialmente relevante del training/retraining, los servicios de consultoría, ventajas fiscales y asociación con empresas”.

La universidad-empresa también captará sus recursos atrayendo a estudiantes de todo el mundo con la promoción de la fuga de cerebros (brain drain) de las élites de los países del Sur, que, por el momento, tienen como destino preferente las universidades estadounidenses. El elogio del modelo norteamericano contempla un punto controvertido: la propuesta de aumentar las tasas que pagan los estudiantes, cuya viabilidad aconsejan valorar los informes de la Comisión Europea a cada Estado.

Captación de fondos privados

En esta ‘segunda ola’ de reformas de Bolonia, se introducen ya los mecanismos de gestión empresarial de las universidades para la captación de fondos privados. Esto implica la transformación de los órganos de gobierno de las universidades según el modelo de los consejos de administración de las empresas. Se incrementará el presidencialismo de los rectores con la consiguiente pérdida de poder de los claustros, dará comienzo la autonomización de la gestión universitaria y la apertura al tejido empresarial local (consejos sociales). Ya se puede palpar el corporativismo estamental en el aumento de ránkings y en el establecimiento de agencias de calidad que distribuyan recursos en función de estos listados. Éste es el sentido de la ‘gobernanza corporativa’ de las universidades propuesta por la Comisión Europea.

Estas indicaciones han sido asumidas por la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria –máximo órgano consultivo en materia de Educación Superior– en su modelo de financiación para las universidades españolas. Ante esta propuesta y la previsible reducción del catálogo de titulaciones para el próximo febrero se preparan espacios de discusión y de lucha, de estudiantes y docentes, al calor de los ‘focos’ de movilización contra el Proceso de Bolonia que se han sucedido en los últimos meses, especialmente en Francia.

ANÁLISIS // LA EDUCACIÓN Y EL CAPITALISMO COGNITIVO

¿Tiene la Universidad algún interés para el capital?

Montserrat Galcerán, catedrática de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
Para responder a esta pregunta, la autora muestra la rápida evolución del modelo universitario y su adecuación a las exigencias de un nuevo capitalismo.
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AL ESTILO AMERICANO. Bill Gates, propietario de la multinacional Microsoft, durante una conferencia en la universidad de Wisconsin / Microsoft

Todos los estudiantes perciben, antes o después, el deterioro de la institución universitaria, pero constatan rápidamente la presencia en sus espacios de actores ajenos, tales como los bancos, las multinacionales, las empresas informáticas o los grandes medios de comunicación, cuyas enseñas y colores adornan los claustros y pasillos de los edificios como lo hicieran antaño las efigies de reyes y mecenas. Son índice del profundo cambio que está sufriendo la enseñanza superior: de escuelas de élite a centros de masas, y de éstos, a universidades- empresa dispensadoras de servicios cognitivos.

Los informes del Banco Mundial empezaron a insistir hace ya algunos años en la necesidad de esta transformación global. El informe elaborado por D. Johnstone y W. Experton, The Financing and Management of Higher Education, es de 1998. En ellos, recomendaban dos medidas principales que en nada se alejan de las recomendaciones a otros tipos de empresa: flexibilización y reducción de costos.

Ahora bien, en el ámbito educativo flexibilizar significa tratar el conjunto de los recursos, es decir los edificios, las bibliotecas, los laboratorios o los profesores como activos que deben ser insertados lo más productivamente posible y que deben ser combinados de modo ‘flexible’ y variable, reordenando los títulos y enseñanzas según módulos aleatorios a gusto del consumidor. Se acabaron las carreras standard caracterizadas por conjuntos de conocimientos predefinidos y comunes; al revés, se trata de inventar recorridos docentes variados, imaginativos, que combinen cursos y enseñanzas de diverso tipo y que sean adaptables en función de las necesidades, o sea de la matrícula.

La otra recomendación, reducción de costos, no entraña tampoco secretos: se trata de cargar los costes sobre los usuarios y sus familias, y de recortar los gastos de personal promoviendo plazas de profesores con escasa estabilidad (contratos anuales o bianuales, ligados a un proyecto…) en detrimento de la vieja figura del profesor-funcionario fijo de plantilla. Esos nuevos profesores son la espina dorsal de la reforma, puesto que carecen de las seguridades y vicios de los antiguos, y conforman una capa de personal extremadamente joven, móvil y motivable. En resumen, se trataba, ya a finales de los ‘90, de aplicar a la Universidad las recetas del nuevo management que iban a transformar ese ámbito social en una auténtica área de negocios.

La educación como mercancía

Tras las movilizaciones contra la LOU, el Informe Bricall se encargó de poner los puntos sobre las íes, traduciendo palabra por palabra aquellas recomendaciones: había que pasar de la Universidad de masas, en franca decadencia, a una Institución formadora de capital humano; había que sustituir el concepto de la enseñanza superior como un derecho y un bien social, por su consideración como una mercancía y una inversión; había que abandonar la vieja idea de la enseñanza pública y de calidad para entrar en la era de la privatización de las prestaciones cognitivas; había que dejar de pensar en una universidad radicada en un territorio para ubicarla como una agencia globalizada en un ránking internacional; había que sustituir en la medida de lo posible la universidad presencial por la enseñanza virtual.

En este proceso el aura de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha oscurecido la adecuación del nuevo modelo a las exigencias de un nuevo tipo de capitalismo que, juntamente con otros autores, denominamos capitalismo cognitivo. En este nuevo tipo o fase del capitalismo, una porción creciente de capital se invierte y se rentabiliza en “productos cognitivos” al tiempo que crece, imparable, el número de estos trabajadores sobre el conjunto global. Hablamos del crecimiento de inversiones en investigación, en I+D, en sanidad y enseñanza, en informática, telemática, nuevas fuentes de energía y nuevos materiales, vistos no sólo por su contribución cuantitativa al crecimiento en sus sectores específicos, sino por el enorme peso que adquieren en el aumento de la productividad general. ¿Qué es un ‘bien cognitivo’? Dicho en otras palabras, ¿cómo se fabrica una nueva vacuna, cómo se desarrolla una nueva herramienta de software, cómo se descubre una nueva prestación? Los ‘bienes cognitivos’ son resultado de un proceso que tiene, cuando menos, dos características notables. En primer lugar, son efecto de un proceso colectivo: ningún genio habría logrado descubrir nada relevante si no hubiera contado con equipos adecuados y recursos suficientes. Eso implica que los procesos de creación de conocimiento incluyen largas secuencias de recopilación y tratamiento de la información, de pruebas y ensayos, de puestas a punto, de corrección y ampliación, imposibles para un solo agente.

La forma standard de privatizar ese proceso colectivo la proporciona el sistema de patentes y derechos de autor que, aun cuando cumpliera una función en el siglo XVIII para garantizar la subsistencia de los creadores, está resultando obsoleta. La segunda característica es que estos bienes, por mucho que se reproduzcan, no se agotan, ni merman en su eficacia. Más bien al contrario, su uso deviene la ocasión de enriquecimientos y mejoras del propio producto, que incorpora nuevas prestaciones. Eso hace que la sociedad basada en el conocimiento sea, al menos teóricamente, una sociedad potencialmente rica, aunque las trabas puestas al acceso a los bienes pueden hacerla sumamente injusta y polarizada.

Estas dos características se aúnan en el tratamiento de la universidad como gran fábrica de puesta a punto de recursos cognitivos bajo el dominio de la ideología de la privatización. Se trata, por una parte, de capacitar el futuro ‘capital humano’ bajo la premisa de que los conocimientos que el alumno/a va a recibir son una especie de ‘capital’ que le permitirá optar a un mejor puesto de trabajo y que, por tanto, debe ‘pagar’ con un desembolso previo privado, pues privados serán los beneficios que obtenga posteriormente en el ejercicio de su profesión, siendo sólo responsabilidad suya si no lo rentabiliza adecuadamente. Por otra, se trata de producir bienes intangibles cuya inserción en los mecanismos de la apropiación privada queden garantizados a través de las patentes y de los conciertos con las empresas antes de su obtención.

Como consecuencia de todo ello las autoridades públicas se desentienden de la financiación. Cierto es que los enormes gastos de estas instituciones desbordan en ocasiones los limitados presupuestos de los poderes autonómicos pero, como en tantos otros aspectos de la vida social, la tendencia es dejarlas a merced del mercado, de modo que cada universidad se autofinancie, cosa que sólo puede hacer en la medida en que la enseñanza sea pagada por los alumnos –usuarios del servicio– y que las empresas u otros organismos financieros se interesen por los productos que generan esas especiales empresas: las capacidades desarrolladas en los alumnos-futuros trabajadores (“habilidades y competencias”) y los conocimientos susceptibles de ser rentabilizados, para lo cual deben estar convenientemente protegidos.

Sin embargo, éste no es el reto. El desafío está en desligar la Universidad del mercado y acercarla a todos aquellos procesos sociales que están luchando contra las nuevas formas del capitalismo cognitivo: de la lucha por el territorio al software libre, de los procesos de autoformación a las investigaciones participativas. Potenciar esa opción nos permitiría decir un adiós esperanzado a la Universidad de masas, y oponer al modelo neoliberal una creación en común de conocimientos compartidos.

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~ por noabolonia en enero 28, 2008.

 
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